La falacia de la “calidad”

 

Siendo sincero, parecía innecesario tener que dar explicaciones de por qué las distintas propuestas de calidad, provenientes tanto de las instituciones como de otro tipo de organismos más “inocuos”, deben ser rechazadas por quienes trabajamos en la enseñanza. Pero como, sorprendentemente para mí, ha calado en algunas mentes que yo consideraba críticas –aunque, bien es cierto, que muchas de ellas ya han abandonado el barco y la euforia inicial va dejando paso al desencanto-, me siento en la obligación de hacer algunas reflexiones sobre el asunto. 

Las distintas propuestas que se plantean, tanto institucionales como no, tienen una raíz común:

“Los sistemas de calidad aparecieron en 1951. El control de calidad, uno de los elementos de la gestión de calidad, surgió, como quehacer de la industria, después de la Segunda Guerra Mundial y sus principios los codificó J.M. Juran en 1951 en su Manuscrito del control de calidad (...). Los avances realizados en este campo han estado siempre en manos de los militares pues empezaron para inspeccionar las armas durante la Segunda Guerra Mundial. En 1959, la primera norma estatal sobre el programa de calidad, el MIL Q 9858A, lo elaboró el Departamento de Defensa de EE.UU. En 1968, le siguieron las Publicaciones para Asegurar la Calidad (AQAP) elaboradas por la OTAN. Al poco tiempo, en 1970, el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña publicó una versión británica del AQAP y, en 1972, el Organismo para la Reglamentación Británico publicó el BS 4891, la Guía para Asegurar la Calidad”.    

Esta es la historia contada por quienes se dedican a extender los sistemas de Control de Calidad. A su origen militar siguió su utilización en la industria, tanto en EE.UU. como en Japón, entre otros. Pero así como en el caso de la industria militar la finalidad fundamental, cuando estos sistemas surgieron, era el logro de una mayor precisión y la eliminación de errores, en la industria en general, incluyendo ahora también la militar, muy privatizada, los objetivos serían que “si se cumplen desde el primer momento las obligaciones –vinculadas al Plan de Gestión de Calidad para conseguir, por ejemplo el ISO 9000- no habrá ningún tipo de pérdida, los costos serán mínimos y las ganancias máximas”.

Las aportaciones a la Calidad han sido variadas a lo largo del tiempo, y ha habido algunas con criterios más “humanos” o, lo que es lo mismo, menos mercantiles, como sería el caso de K. Ishikawa y su Control Absoluto de la Calidad: revolución conceptual. En concreto, esto es parte de lo que afirma:

“Cuando quien gestiona una empresa decide establecer en la misma el control de calidad, debe regular todos los procesos y los procedimientos y, posteriormente, con atrevimiento, delegar su poder en los subordinados. El principio básico de una administración acertada consiste en dar la posibilidad de que los subordinados tengan la posibilidad de aprovechar totalmente sus capacidades...Todos los que tienen que ver con la empresa tienen que sentirse cómodos y orgullosos de la misma y, a la vez, aprovechando sus capacidades, deben realizar sus potencialidades personales...Es un sistema del que participan todos los empleados, de arriba abajo y de abajo arriba, y que respeta totalmente la humanidad”

 En todo caso, aunque los medios cambien, el objetivo siempre es el mismo: el mayor rendimiento en el menor tiempo posible y con los menos gastos posibles. Por eso, la aparente “humanidad” que destila el texto arriba reflejado, y otros similares, puede resultar más dañina que cuando abiertamente expresan la verdadera intencionalidad. La razón es obvia, los subordinados se convierten, aparentemente, en gestores de la empresa, es decir, forman parte de ella y ella de sus vidas, se implican más, la sienten como suya, PERO NO ES SUYA. En esto radica el engaño, engaño que fácilmente se puede comprobar cuando llegan tiempos de crisis. Efectivamente, cuando los beneficios no son los esperados o se acumulan pérdidas viene la reducción de personal tan habitual, por desgracia, últimamente; entonces ya no se es empresa y la cruel realidad se impone. Pero hasta entonces, esas personas han dado lo mejor de sí mismas recibiendo, a cambio, el salario que tienen asignado y llevándose la dura impresión de que, como era gestor de la empresa, suya es la culpa de la crisis y debe pagar por ello. En fin, una diabólica forma de eliminar la confrontación social y de crear un ejército de personas sometidas para siempre.

La razón de todo este empeño por la calidad no es otra que la disminución del mercado, es decir del número de personas que pueden y quieren acceder a los productos que se ponen a la venta. Como existe un exceso de productos en el mercado del primer mundo, que es el que puede acceder a ellos, la competencia ya no se establece solamente en términos de cantidad sino de calidad. Ahora el consumidor, el cliente en terminología de la Calidad, ha pasado a ser el rey. De ser alguien sin criterios se ha convertido en una persona que sabe lo que quiere y que, además, sabe distinguir la calidad de lo que se le ofrece. De ahí que Alberto Galgano, en su obra Gestión de la Calidad total: alternativas señale que los cuatro deseos del cliente que hay que respetar son la calidad, el precio, el servicio y la fiabilidad. Pero la calidad es algo que se pretende imponer a todas las personas vinculadas a la empresa, para evitar lo que, en un principio, sucedía en EE.UU., donde solamente el núcleo dirigente de las empresas se hacía cargo de ella, con resultados nada alentadores. Para reflejar esto, las nuevas tendencias, que tienen su raíz en Japón, lo llamaban despectivamente la “calidad de los cuatro gatos”. El nuevo planteamiento de la calidad tiene como objetivo “lograr que todas las personas de la empresa se preocupen de la calidad y, más aún, que la calidad impregne toda la empresa, lo que significa que hay que estructurarla en torno a la misma”. Para lograrlo se proponen “procurar un cambio del modo de pensar de la gente y, para eso, es imprescindible que la dirección de la empresa asuma, también, la dirección del control de calidad de la misma”.

Lo dicho hasta ahora explica por qué toda la información acerca de la mejora de la calidad ha estado vinculada, hasta hace poco tiempo, a las empresas productoras de mercancías, sean las que fuesen. Pero, claro, vivimos en un mundo donde se intenta hacer de cualquier actividad negocio y, así, fruto de la moda por la calidad, han ido surgiendo grupos de personas que, conocedores de los entresijos de los sistemas de control calidad –o de la calidad total, como ahora les gusta que se llame- han hecho de ese conocimiento su forma de vida o, si se quiere, su negocio montando toda una red de “especialistas” que han expandido a través de charlas, y con bastante apoyo oficial, la ideología de la calidad, cantando sus virtudes y encontrando gran receptividad, tanto en el mundo empresarial -que ha visto en ello el filón de implicar a los trabajadores para conseguir más productividad o mejores ventas a cambio de nada, o de las cantidades que deben pagar a los promotores del sistema- como en las distintas administraciones, que buscaban con denuedo la forma de reducir las plantillas de trabajadores públicos sin que la población se les echara encima y que han encontrado la solución en la implicación “gratuita” y “voluntaria” de unos trabajadores dispuestos a redimirse de su apatía política y sindical a través de la visión calvinista y opusiana del “salvémonos en el trabajo”. Y así ha surgido, de una necesidad “inventada”, puramente artificial, un grupo de personas que se denominan a sí mismas “líderes”, que han establecido una red de especialistas que, con el beneplácito de las administraciones, tanto de la comunidad autónoma vasca como de la navarra, y con el apoyo de las confederaciones de empresarios, se dedican a controlar “objetivamente” la calidad del trabajo tanto en las empresas privadas como públicas.

Con lo afirmado hasta ahora se comprenderá que, al intentar implantarla en la educación, haya tenido prioridad el ámbito científico técnico –sobre todo este último- y, en concreto, las enseñanzas de Formación Profesional. Sin embargo, y a la vista de las grandes ventajas que ofrece a cambio de la poca inversión que exige, el modelo ya ha llegado al resto de los centros educativos, a la sanidad, etc. En el caso de la educación, es necesario constatar que, lo que en un principio tuvo una buena acogida, se ha ido diluyendo con el paso del tiempo y, sobre todo, con la constatación de que la mal llamada calidad sólo traía más trabajo, mientras que los beneficios eran repartidos entre muy pocas personas, algunas de ellas convertidas en profesionales del asunto.

Para aliviar esa decadencia sin freno, se intentan acelerar los procesos de consecución de Certificados de Calidad, se pretende competir con los centros de la red privada, donde esos certificados los tienen otorgados prácticamente desde su fundación, pues aquí es perfectamente aplicable el dicho de “yo me lo guiso, yo me lo como”; se quiere, en suma, privatizar la enseñanza pública, mejorar la relación beneficios-coste con la buena voluntad de las personas que en ella trabajamos, pero sin ninguna aportación económica por parte de la Administración, e implantar una jerarquía de centros en función de los logros de certificaciones, generando una competitividad entre los mismos, en vez de potenciar la solidaridad.

Además, y lo que es más grave todavía, se mantiene el empeño en cuantificar lo no cuantificable, en convertir en número a las personas, en tratarlas como objetos de trabajo, es decir, como cosas, olvidando que lo subjetivo existe y que es tan valioso en la realidad humana como lo objetivo; ignorando, en suma, que en la elaboración de mercancías el punto de partida se puede considerar como constante, a efectos de mercado, y que lo que se pretende es que, mediante una “regulación del proceso”, el producto final sea de más calidad para poder responder a las exigencias de ese mercado, hoy más “selecto”, pero se olvida, como decía, que en la educación las personas tienen una historia singular, única, un desarrollo físico, psicológico, familiar y social que no es cuantificable pero que determina el resultado final, que es, fundamentalmente, el que se tiene en cuenta al elaborar los informes que van a ser objeto de valoración y que después van a servir para juzgar, de paso, al profesorado y a su trabajo, así como al funcionamiento del centro en su conjunto.

NO A ESTA CALIDAD

Impunidad

Leí agradablemente sorprendido que SUMAR proponía en su borrador del programa electoral sancionar a las periodistas que manipulan y desinforman. Pero, la sorpresa ha dado paso a la decepción cuando, ante la avalancha de críticas, mayoritariamente basadas en la libertad de expresión (aguantad la risa, por favor)) sobre todo de los medios de la derecha, que son casi todos, esa coalición ha retirado su propuesta. 

La lectura de lo sucedido daría para una tesis doctoral de sociología, antropología social, política e incluso psicología, pero, sin llegar a tanto, sí que se pueden extraer conclusiones muy interesantes.

Conviene aclarar que en la mayoría de las profesiones, si no en todas, existe la posibilidad de que una persona que las ejerza sea sancionada o expulsada de las mismas por realizar actuaciones contrarias a sus principios, recogidos en reglamentos y/o leyes que las regulan, aparte, claro está, de otras posibles consecuencias penales que dichas actuaciones pudieren acarrear.

La mayoría de las profesiones, sobre todo las que conllevan relaciones sociales, elaboran códigos deontológicos que establecen los principios morales que deben regir su práctica. El no cumplimiento de dichos principios trae como consecuencia la posibilidad de que determinadas actuaciones contrarias a los mismos puedan catalogarse como leves, graves o muy graves y ser sancionadas hasta con la expulsión de la profesión.

Pues bien, proponer sancionar a las periodistas que desinforman o manipulan la información conscientemente no solo no es apoyado por la mayoría del gremio, cosa aberrante, sino que, también, y aprovechando que el Ebro pasa por Zaragoza, por muchas personas del ámbito político, la mayoría de derechas, todo hay que decirlo, con el peregrino argumento de que eso va contra la libertad de expresión. 

Tiene lo suyo que quienes elaboran leyes mordaza, que sirven para castigar con multas e incluso mandar a la cárcel a quienes expresan su opinión, o aplauden o permiten las actuaciones fascistas de prohibir espectáculos, obras de teatro, exposiciones, etc., pongan el grito en el cielo de la hipocresía porque un grupo político proponga sancionar a las periodistas que no cumplan el código deontológico redactado por la UNESCO, el europeo de deontología del periodismo, o el de su propia federación (FAPE), que recogen la obligatoriedad de las periodistas de informar con veracidad y objetividad.

¿Qué conclusión se puede sacar de esa actitud de rechazo a la sanción? Evidentemente, que muchos medios y profesionales de los mismos no cumplen con su obligación de informar con veracidad y objetividad, y que, como su objetivo parece ser servir a intereses ajenos a dicha información, no están dispuestos a aceptar una propuesta que les podría traer como consecuencia el cierre del medio o la expulsión de la profesión de alguna de sus miembros. En resumen: pretenden la impunidad de la manipulación y la mentira.

Espero de la mayoría de las personas de la profesión, y de los partidos políticos que defienden la verdad, una rectificación en el sentido de velar por esta y de impulsar las sanciones para quienes, estando obligadas a respetarla, la mancillan día sí, día también, manchando la imagen de otras muchas personas periodistas que han puesto y ponen en peligro su puesto de trabajo y, en más de una ocasión, su propia vida en su defensa.

Alea jacta est

Quienes, desde sus creencias religiosas, se oponen a la eutanasia y a la ley que la regula deben de tener las neuronas al rojo vivo. No las dejan descansar en su empeño por buscar argumentos que utilizar en contra de la realidad política que, día a día, va dando al traste con sus privilegios milenarios. Y es que, perder el poder sobre el morir equivale a su desaparición. Por eso, aunque afirmen que sus principios son inamovibles, sus argumentos se van adaptando a los tiempos, y lo que era axioma en un determinado momento pasa al olvido poco después. Así, “la vida es un don de dios” se transmutó en “la vida es un préstamo divino”, porque, claro, como lo que se da no se quita, aquella donación se volvió contraria a su principal interés, que consiste en que nuestra vida esté en sus manos, como gestores que se consideran y se proclaman de los asuntos divinos, y no en las de cada cual. Se trataba, por encima de todo, de que la vida fuera lo único que no se incluyera en el sacrosanto derecho a la propiedad privada que con tanto ímpetu defienden. Y no les iba mal, la verdad, porque los estados y sus correspondientes gobiernos aceptaban sus premisas morales, aunque, en muchos casos, dijeran ser laicos. Pero, las sociedades se han ido independizando de su influencia, y, gracias al esfuerzo y sacrificio de muchas personas, el derecho a disponer de nuestro ser se ha ido abriendo camino en las legislaciones. Cuando, como señalaba antes, el argumento principal era que la vida era un don o un préstamo divino, a quien hablaban era a una sociedad impregnada de sus creencias carentes de razón. Hoy, esa sociedad ya no existe, y los supuestos mandatos divinos solo afectan a quienes creen en ellos, que cada vez son menos. Por ese motivo, han abandonado el mundo de los argumentos celestes y han descendido al de los mundanos. Y, como las estadísticas muestran que la sociedad está mayoritariamente a favor de la eutanasia, es decir, de que el morir sea algo que esté en manos de quien es dueña del vivir, y, además, esa voluntad mayoritaria se ha convertido en ley, han tenido que optar por la selección artificial, y han elegido al gremio médico como último baluarte de sus creencias. Esta elección tiene su justificación lógica. En efecto, si la eutanasia requiere la relación entre alguien que la solicita y alguien que la hace posible, y la solicitud está amparada por la ley, solo la negativa de quien la tiene que posibilitar impedirá que se cumpla la misma. ¿Qué “razones” han aportado o aportan para intentar imponer sus creencias por encima de la legalidad? Tomando como base los documentos de la Congregación para la Doctrina de la Fe (uno, de 1980, y, otro, de 2020), que dejan claro que la vida es un don divino, han realizado un viaje en busca de apoyos racionales a su irracionalidad. Así, de la simple constatación de esa donación a la que hecho referencia, pasaron a la consideración de la eutanasia como homicidio e incluso como asesinato. La aprobación de la ley anula cualquier pretensión en ese sentido, porque la práctica de un derecho nunca puede ser considerada como un crimen. Siguieron, después, con la manida pendiente resbaladiza, es decir, con el fantasma de que su aprobación traería como consecuencia la aplicación incontrolada de la eutanasia. Las realidades de los países donde la eutanasia legal lleva funcionando desde hace alrededor de veinte años, se ha encargado de desmentir lo que ya de por sí es una mentira lógica. Anulada esa vía, anulada la pretensión de imponer creencias religiosas frente a derechos civiles, y anulada la posibilidad de que una mayoría de la población se muestre contraria, el siguiente paso fue acudir a la defensa de los cuidados paliativos como alternativa a la eutanasia. Pero, tampoco esta dio los resultados esperados, habida cuenta de que ambas posibilidades no son contradictorias, y, como enseña la propia lógica de sus paladines ideológicos (Aristóteles y Tomás de Aquino), lo que no es contradictorio es posible. Además, la propia ley de eutanasia recoge la obligatoriedad de informar sobre los cuidados paliativos y ofrecerlos a quien la solicita. El siguiente intento ha consistido en promover la objeción de conciencia, cayendo en la contradicción, ahora sí, de convertirla en desobediencia civil, porque hacen un llamamiento público sobre lo que en teoría corresponde al ámbito privado. A eso habría que añadir que la propia ley recoge ese derecho a objetar, por lo que reclamarlo roza el ridículo. Y, así, llegamos al último intento, por ahora, para impedir que la ley siga adelante. Este consiste en la utilización del concepto de acto médico, para lo cual se sirven de una definición ad hoc extraída de la que al respecto ofrece el Diccionario Médico de la Universidad de Navarra del Opus Dei, a la que convierten, por arte de birlibirloque, en axioma, es decir, en principio indiscutible, al modo como lo haría alguien que definiera a los gatos en función del color de su piel y afirmara que “los gatos son negros”, con lo cual, si alguien viera algo con todas las características de un gato, pero que no fuera negro, la conclusión sería que no era un gato. Eso mismo es lo que pretenden imponer a todas las profesionales de la medicina, intentando hacerles creer que son ellos, quienes se oponen a la eutanasia por razones religiosas, y no la sociedad a través de las leyes democráticamente aprobadas, los que determinan qué es un acto médico. Entendería que todos esos esfuerzos por rechazar lo que la sociedad mayoritariamente ha decidido fueran dirigidos a sus correligionarios, para los que sería suficiente, en todo caso, con la amenaza del fuego eterno. Pero, como la mayoría de personas católicas (más del 52% en 2018, según el CIS), también son favorables a la eutanasia, y parece que ya no les asusta la amenaza del infierno, no parece que tampoco esta opción vaya a resultar favorable a sus intereses. Solo la interpretación tergiversada de algún tribunal afecto a su ideología puede brindarle un último apoyo. Aun así, alea jacta est.

Carta a una carta

 

El Ministerio de Igualdad ha abierto una consulta pública sobre una futura “ley trans”, como reconocen las ocho firmantes de la Carta abierta al Gobierno de España. No se entiende que exijan un debate en el que ya están participando, a no ser que pretendan tener un protagonismo más allá del que emana de sus personas.

Quienes firman la carta no representan a ninguna asociación, sino que lo hacen a título individual. ¿Está obligado el Ministerio de Igualdad a tomar en consideración todas las cartas suscritas por personas individuales o grupos de personas? Si se convocara a todas las asociaciones y personas interesadas, tal y como se propone en dicha carta, es evidente que lo que se lograría es que la ley no saliera adelante, y se entrara en un proceso sin fin que, además, provocaría enfrentamientos y divisiones en el movimiento feminista y en la sociedad en general. ¿Cómo sería ese proceso de debate y reflexión? ¿quién tomaría parte y cómo? ¿Quién lo dirigiría? ¿Cómo se tomarían las decisiones? ¿Quién informaría a la ciudadanía, y de qué?

La carta en cuestión contiene elementos ya utilizados por las creencias religiosas para atacar a las ideas que no concuerdan con su fe. En concreto, se parte de una afirmación categórica (“la autodeterminación del sexo es imposible”), que solo se justifica con otras afirmaciones igualmente categóricas (“el sexo es realidad biológica constatable, dato objetivo y realidad material”) que no se sustentan con ningún argumento, dato o prueba que las confirme. Sí existen, sin embargo, estudios que rebaten esas afirmaciones, como son los de Anne Fausto-Sterling, y experiencias vitales crueles, como las sufridas por la atleta española María Patiño, debidas a esa creencia en la objetividad del sexo.

Por otra parte, se acusa a quienes promueven la “ley trans” de algo que solo existe en las mentes de las firmantes de la carta, como es, que apoyan los estereotipos que siempre ha rechazado el feminismo, cuando es justamente lo contrario. Es decir, convierten su interpretación del posible contenido de la propuesta de ley en una verdad absoluta, y se presentan como las representantes del verdadero feminismo.

Habría que añadir, además, la utilización que hacen de la tan manida falacia de la pendiente resbaladiza, exponiendo toda una serie de consecuencias desastrosas que tendría la implantación de dicha ley (“La defensa de las mujeres, el mantenimiento de los espacios reservados, las cuotas, las ayudas, la diferenciación por sexos en competiciones deportivas, o los datos desagregados por sexo para analizar el comportamiento social o tomar medidas frente a las desigualdades entre los sexos son otros de los derechos conculcados si se sustituye sexo por género sentido”), sin justificar por qué serían esas las consecuencias y no sus contrarias o simplemente otras distintas.

Las personas firmantes de la carta, dicen abogar por un conjunto de libertades, entre las que estaría la “elección sexual”, y se manifiestan contrarias a la discriminación por ese motivo, pero, a continuación, ponen límites a esa libertad dejando al margen la elección del sexo, al que denominan “realidad material”.

Desconozco en qué pueda consistir el motivo por el que hay personas que desean tener un sexo distinto al que socialmente se les atribuye, y quieren cambiarlo, pasando de ser hombres a mujeres y viceversa. De lo que sí puedo hablar es del sufrimiento que padecen esas personas y sus allegadas. Sufrimiento en el descubrimiento de la contradicción entre cómo una persona se ve a sí misma, y cómo la ve la sociedad, sufrimiento ante el dilema de cómo comunicarlo, sufrimiento ante las sospechas de quienes están al acecho de lo diferente para castigarlo; sufrimiento ante el futuro incierto que les aguarda… Ciertamente, esas personas no son muchas cuantitativamente hablando, pero ignorarlas, intentar adoctrinarlas en la fe verdadera del sexo natural y objetivo es una crueldad. Afrontar el problema desde un punto de vista social, con el objetivo de dar cauce a esa vivencia, es tomar postura moral. Y, para ello, es imprescindible que esas personas sean las protagonistas, porque el sexo y no solo el género, como el vivir y el morir, es algo que no pertenece a toda la sociedad, sino algo que compete en exclusiva a la persona.

Comunismo a la carta

En su afán por no perder la influencia tenida a lo largo de la historia, la jerarquía de la Iglesia Católica se ha encerrado en la atalaya de la muerte, una de sus últimas posesiones. Desde allí, intenta controlar todos los intentos de acercamiento por parte de la sociedad laica, contra la cual lanza dardos envenenados con forma de palabras.

Poco importa que, para la defensa, tengan que contradecir sus propios mandamientos, sobre todo el séptimo, el que prohíbe la mentira. Así, a la ayuda a morir la llaman homicidio, a la voluntad de morir locura o petición de cariño, y a la muerte digna muerte indigna. Porque, según esa jerarquía, la vida no nos pertenece a las personas individualmente. Y, no, ya no basta con reclamarla como posesión de dios, porque saben que esa afirmación, tan utilizada hasta hace muy poco tiempo, solo valdría para quienes creen en la existencia de ese ser. Ahora, necesitan otra razón, otro dardo envenenado con forma de argumento “civil”. Y acuden al ¡comunismo! En efecto, comienzan diciendo que somos seres sociales y que, por tanto, nos debemos a la sociedad, y concluyen que nuestra vida no es nuestra ni podemos hacer con ella lo que nos venga en gana.

Resulta curiosa la capacidad de adaptación de la jerarquía de la Iglesia Católica que pasó de afirmar que la vida nos la da dios, a decir que, en realidad, no es una donación sino un préstamo y, por último, a señalar que pertenece a la sociedad. Lo que durante siglos han atacado y vilipendiado, la teoría de la evolución y el comunismo, se han convertido en los muros de su atalaya de la muerte.

Cabría esperar que ese comunismo de la vida que ahora reclama fuera acompañado de un comunismo de las cosas, de los bienes, de la riqueza, en suma, algo que ya conocieron los primeros cristianos, tal y como relata el evangelista Lucas: “Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas; y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo.” Pero, no, esa jerarquía sigue defendiendo la propiedad privada de las cosas, pero no la de la vida.

No acuso

Se critica a Pedro Sánchez por afirmar que “Este Gobierno no va a contribuir a socavar el pacto constitucional ni a la inestabilidad”, es decir, por no cuestionar la monarquía. Y quien lo hace, mayoritariamente, es la gente que dice identificarse con la izquierda, independentista o no independentista, incluidas las personas que ocupan escaños en el Parlamento español. Lo curioso del caso es que todas estas personas representantes han jurado o prometido la Constitución, que en el artículo 1 establece que La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria. Claro, se dirá que algunas de ellas lo hicieron “por imperativo legal”, pero lo que no se puede negar es que lo hicieron y lo mantienen. ¿Cómo se justifica que quienes están en contra de la monarquía accedan a prometerle o jurarle obediencia y critiquen que quien preside el gobierno, es decir, quien más debe respetar la legalidad, no se manifieste en contra?

Otro tanto cabría decir de todas aquellas personas que han accedido a la función pública (incluidas las supuestamente más capaces intelectualmente hablando, como sería el profesorado de universidad, entre quienes están, también, miembros del gobierno) y cuyo estatuto exige el respeto a la institución monárquica. Las redes sociales están repletas de reproches de muchas de estas personas a Pedro Sánchez por la razón arriba expuesta, y, en muchos casos, con una carga emocional que lleva al desprecio o al insulto.

La falta de cultura política lleva en demasiadas ocasiones a no saber distinguir gobierno de partido, partido de militancia, militancia de votantes…y con facilidad caemos en la tentación de ver la realidad con las gafas de nuestros deseos, que no saben de tácticas, ni menos aún de estrategias, y que simplifican lo complejo distribuyendo a las personas en dos grandes grupos: las que comparten mis deseos, y las que no.

Soy republicano, pero acepté la monarquía para poder acceder a mi puesto de trabajo. Eso es lo único que he hecho y haré en mi vida por la monarquía, pero, como diría Sartre, asumo que actué de forma no auténtica, que no tuve el valor de jugármela para ser consecuente al cien por cien con mis ideas políticas. Desearía que hubiera una mayoría parlamentaria que defendiese la república, pero, hoy, no la hay, así que solo restan dos opciones: o un alzamiento popular que obligue al cambio de régimen, cosa que no se vislumbra en el horizonte, o la lucha ideológica por convencer a la mayoría necesaria para ello, algo que es factible. Mientras, procuraré no criticar a los demás, incluido Pedro Sánchez, por no hacer lo que yo, pudiendo, no soy capaz de hacer.

SEÑORES OBISPOS

Señores obispos

(A propósito del documento de la Conferencia Episcopal: “Sembradores de esperanza”)

La vida no es sagrada. Si la especie humana hubiera asumido que la vida es sagrada, haría mucho tiempo que habría desaparecido por inanición, porque es vida lo que cualquier ser viviente tiene que ingerir para sobrevivir. Si los obispos se refieren a la vida humana, habría que preguntarles qué es lo que hace que esta sea sagrada y no la del resto de los vivientes. Responderán, sin duda, que lo que la hace sagrada es que dios le otorgó esa cualidad cuando la creó. En resumidas cuentas, la sacralidad de la vida humana solo se justifica por la fe en un dios creador, lo cual obliga a demostrar que fue este, y no el proceso evolutivo de la materia, el causante de la existencia de la vida y de la propia materia. En vano esperaremos demostración alguna.

La vida tampoco es trascendente. Trascender significa existir más allá de aquello en lo que algo se manifiesta; es decir, que la vida, según los obispos, existe al margen de los seres vivientes. Tampoco aquí se pueden esperar pruebas racionales, sino recursos a textos supuestamente sagrados y escritos al dictado por personas que decían tener contacto directo con dios. Esto crea el problema de que para creer en dios hay que creer en quienes dicen haber tenido contacto con él…

Pues bien, ambas características -sacralidad y trascendencia- son la base argumental de la diatriba episcopal contra la eutanasia. Cuesta entender, y mucho más comprender, que haya personas que pierdan la razón a causa de la fe en seres inexistentes, cuyos mandatos, a lo largo de la historia, según sus propios textos sagrados, han sido en multitud de ocasiones contradictorios. Pero, aún así, respetamos que tengan esas creencias y que quieran vivir de acuerdo a ellas, pero no respetamos que las intenten imponer a toda la sociedad a través de las leyes civiles.

Si la visión de la conferencia episcopal acerca de la vida es claramente errónea, la que manifiestan acerca del sufrimiento raya en el sadismo. Afirman, sin el menor pudor, que el sufrimiento posee un sentido que debemos descubrir para aceptarlo y “encajarlo en el recorrido vital de las personas”. Y con semejante afirmación cuestionan que haya personas que deseen morir antes de vivir en sufrimiento perpetuo e insoportable. Si esa es la caridad que reclaman como su seña de identidad, algunas personas preferimos que no la ejerzan con nosotras, y que la guarden para quienes, sufriendo, creen haber sido redimidos, aunque los efectos de esa redención deban ser imaginados. Claro que, los obispos “resuelven” la contradicción con la palabra mágica que “explica” lo inexplicable: misterio. La vida, la muerte, la libertad, el amor, el ser humano, la creación, la redención, la resurrección, todas son misterio, y, cómo no, el sufrimiento también. Decir que algo es un misterio es reconocer que no se sabe qué es, pero, sin embargo, pronto se olvidan del carácter misterioso de la vida, de la muerte, etc., para explicarnos que son dones divinos, trascendentes, sagrados…Vamos, que son misterios para cualquiera menos para ellos. Pero, no queda ahí el discurso episcopal a favor del sufrimiento; dicen, como argumento para su aceptación, que “el dolor físico y el sufrimiento moral están presentes de forma habitual en todas las biografías humanas: nadie es ajeno al dolor y al sufrimiento”.  Siguiendo este pseudo argumento, deberían añadir que la enfermedad también está presente en las biografías humanas, y que, por tanto, se debe aceptar y encajar en nuestro recorrido vital. Pero, ¿aceptar y encajar no supone negar el papel de la medicina? ¿no trata ésta de eliminar la enfermedad? ¿se debe aceptar algo que deseamos eliminar? No, replicarán, “uno de los derechos del enfermo es el de no sufrir de modo innecesario durante el proceso de su enfermedad”. ¿Quién determina cuándo un dolor es innecesario? ¿la persona enferma? No, dirán, el personal sanitario. Se supone que ese personal estará en contacto directo con la divinidad para no errar en su diagnóstico…

La vida no es un don divino, como afirman los obispos sin demostración alguna, sino fruto de la evolución de la materia, como sí demuestra la ciencia y avala el sentido común; pero, además, si lo fuera, pertenecería al ser a quien le ha sido donada, cosa que los obispos parecen no entender.

Por otra parte, insisten en llamar homicidio a la ayuda a morir o eutanasia, ignorando dos elementos fundamentales en las valoraciones morales de los actos humanos: la voluntariedad y la intencionalidad. A los obispos les da igual lo que desee la persona enferma acerca de su vivir y su morir, ellos se adueñan de esa voluntad y la obligan a seguir sus preceptos. Difícil no describir esta situación como secuestro. Les da igual, también, qué intención motiva a la persona que ayuda a otra a morir, porque juzgan, en este caso, el resultado solamente, no como cuando se trata de juzgar los abusos a menores realizados por miembros de su institución, y cuyos casos se negaron a investigar

A lo dicho hasta ahora, habría que añadir las filigranas lingüísticas que desarrollan los obispos para justificar la sedación terminal, intentando evitar, sin lograrlo, la contradicción que supone defender esta negando la eutanasia. La sedación terminal es una eutanasia en diferido, es decir, hipócrita, porque provoca lo mismo que la llamada eutanasia (o ayuda a morir) pero con la aquiescencia de la iglesia. La ayuda a morir y la sedación terminal tienen el mismo objetivo, evitar el sufrimiento; las diferencia el hecho de que en la ayuda a morir es la persona enferma o sus representantes quienes deciden el momento de su aplicación, mientras que en la sedación terminal es el equipo médico el que lo decide.

A pesar de la presencia que tiene la iglesia en las costumbres y en determinadas instancias del poder, la realidad histórico social demuestra que ha ido perdiendo influencia en la vida de las personas, que, con sus creencias religiosas o sin ellas, van ganando en autonomía y en desarrollo de un criterio propio, tanto para su vivir como para su morir. Quienes defendemos la eutanasia, nos alegramos de que sea así.