La información es poder

 

Existe una cultura, en la mayoría de las organizaciones sociales, consistente en reservar la información a las élites dirigentes y en filtrarla, según los criterios de esa élite, al resto de las personas que forman parte de las mismas.

Sorprende que sea así justamente cuando más información manipulada y manipuladora nos inunda, al margen de nuestra voluntad, a través de los distintos canales por los que se puede transmitir.

Quizás se pueda entender que en las organizaciones políticas y sindicales la información deba ser controlada por razones tácticas y/o estratégicas, como puedan ser iniciativas de acción que, de conocerse al margen de las propias organizaciones, podrían dar al traste con los objetivos de dichas iniciativas. Pero, si no es ese el caso, ¿qué criterio se puede utilizar para decidir cuándo una determinada información debe ser limitada y cuándo no? Podría aceptarse que toda información que tenga incidencia directa en la vida de las personas debería ser conocida por ellas sin excepción. A modo de ejemplo, y tengo conocimiento de que en muchas ocasiones no es así, en las negociaciones de un convenio laboral, las personas que se van a ver afectadas por lo que se decida en ella deberían tener toda la información de dichas negociaciones, porque quienes negocian las están REPRESENTANDO y NO SUSTITUYENDO.

Es fundamental comprender qué significa representar en cualquier ámbito de la vida social y, en la misma línea argumentativa, también es fundamental comprender qué significa delegar. Las personas delegadas o representantes nunca deberían tomar decisiones que no hayan sido consultadas con y valoradas por sus representadas, para lo que es imprescindible que estas hayan recibido toda la información necesaria para poder elaborar su propio criterio.

Como vivimos en una sociedad que, cada vez más, se abstiene de involucrarse socialmente, es decir, políticamente (porque todo lo social es político y viceversa) se está extendiendo la idea y, lo que es peor, llevada a la práctica, de que las organizaciones deben ser gestoras de los intereses de la ciudadanía sin que esta deba hacer otra cosa que reclamar determinados servicios a cambio de una cuota o de nada. Ese planteamiento, heredero e inculcado por la mal llamada transición a la democracia, es lo que explicaría la crítica interminable en los bares y cafeterías, en los estadios deportivos o en las reuniones entre amistades y la cada vez menor implicación personal en la solución de los problemas sociales de cualquier tipo. De ahí, quizás, la tentación de muchas personas que sí participan en las distintas organizaciones de asumir esa apatía social y de alimentarla bajo el argumento de que “la gente no tiene interés en ser informada”. En realidad, es esa una actitud selectiva, paternalista y temerosa de lo que el falso demócrata que fue Ortega y Gasset denominaba “las masas” que, en realidad, no son otra cosa que el pueblo, la ciudadanía toda. Y digo temerosa porque la información, y el conocimiento que posibilita, es poder, como nos alertaron F. Bacon y T. Hobbes, y que sea distribuida equivale, en gran medida, a distribuir el poder, es decir, a democratizarlo. Además, la información transmitida puede ser aceptada o rechazada por quien la recibe, lo que le da libertad de decisión al respecto, mientras que la información no transmitida elimina cualquier posibilidad de decisión libre.

Es cierto, todo hay que decirlo, que las organizaciones son menos manejables cuanta más información se comparte, y, quizás por ese motivo, las personas que aspiran al poder político son reacias a compartirla incluso entre sus miembros. Sin embargo, lo que nunca debería ser justificable es que eso mismo suceda en aquellas otras organizaciones que no tienen como objetivo alcanzar ese poder sino el logro y la defensa de determinados derechos, como son, por ejemplo, las asociaciones creadas en favor de los derechos al aborto, a la memoria histórica, a la eutanasia, de las personas inmigrantes, etc. es decir, aquellas que están constituidas para fines concretos al margen de las organizaciones políticas o sindicales, aunque puedan guardar relación con ellas. En estas, la ausencia de información es no solo un error, sino una inmoralidad.